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TIEMPOS DE (DES)ORGANIZACIÓN OBRERA

En más de una ocasión he oído acusaciones hacia el movimiento obrero referentes a un excesivo lamento de sus propias miserias y a una falta de propuestas prácticas que llevar a cabo. Esas acusaciones venían desde dentro del propio movimiento obrero, y es que es innegable que la falta de movilización obrera ante los últimas crisis del capital y el acuciante desempleo crónico (2,8 millones de parados según los últimos datos del INE), han impregnado de un cierto pesimismo a la clase trabajadora. 

El objetivo de estas líneas tampoco es el de proponer una solución mágica, simplemente se pretender esbozar un par de cuestiones que puedan explicar esa falta de movilización. Vamos a comenzar por el final, en el año 2.022, tuvieron lugar en Euskadi un total 342 huelgas, o lo que es lo mismo, el 50% de las 679 que se llevaron a cabo en todo el Estado español. Cabe preguntarnos que ocurre en Euskadi que no sucede en el resto del territorio para que las cifras sean tan dispares. 

En primer lugar Euskadi es la cuarta comunidad autónoma con mayor número de trabajadoras en el sector industrial con 187.800 trabajadoras por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valencia, pero con una población mucho menor que las anteriores, (INE, 2023).  En segundo lugar, la sindicación es mucho más elevada que en el resto del estado español, en torno al 22% frente al 14% de la media, aspecto que, como explicaremos más adelante, es dependiente del anterior. Quizás estos dos factores sean los que marquen la diferencia, junto con un tercero, no menos importante, que es la tradición de organización y resistencia que el pueblo vasco ha demostrado en lo más reciente de la historia, primero frente al franquismo y después, frente al estado español. 

¿Qué ha pasado entonces con la industria en el Estado español? 

La teoría de la ventaja comparativa en la que David Ricardo expone a principios del s. XIX que cada país debe especializarse en producir los bienes y servicios en los que tiene una mejor posición relativa frente al resto del mundo, ha sido tomada como un mantra del comercio internacional en la nueva oleada neoliberal que comenzó en el último cuarto del siglo pasado. 

Dicho de otro modo, que aún que el sector industrial en España sea rentable a nivel interno, y competitivo a nivel externo, al tener una mejor posición en el sector turístico frente al resto de países debido a sus condiciones geográficas y climatológicas, debe especializarse en exportar turismo. La división del trabajo de toda la vida, pero a nivel sectorial entre países. 

Este proceso de deriva hacia el sector servicios y, más concretamente, hacia el turismo tiene su comienzo con la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) en los años ochenta, predecesora de la hoy Unión Europea y máxima representante de las ideas neoliberales en el viejo continente.

En el año 1975 la industria en España suponía el 30% del PIB, mientras que a día de hoy supone el 16%. El auge industrializar comenzado en la década de los cincuenta tocaba techo, en un entorno de subidas salariales motivadas por el fortalecimiento del movimiento obrero y de crisis económica provocada por el aumento del precio del petróleo. Tocaba cambiar. Al amparo del mandato de Felipe González (1982-1996), se produce lo que se llamo "reconversión industrial". 

Detrás de un discurso de reconversión y modernización, las medidas que se aplicaron tuvieron un claro signo neoliberal, siguiendo la tendencia de otros países del entorno como Reino Unido con Margaret Thatcher a la cabeza. El resultado fue una gran conflictividad social y la pérdida de capacidad industrial del país especializándose en la automoción y en la siderurgia. 

David Rivas, profesor emérito de estructura económica de la Universidad Autónoma de Madrid, sostiene que una de las condiciones implícitas de la entrada de España en la CEE era la desindustrialización del país y el viraje hacia una economía de servicios centrada en el turismo. Se reservó para los países de centro Europa las actividad industriales de mayor valor añadido, mientras que los países del sur/mediterráneo se encargarían de las actividades de menos valor y con peores salarios. La excepción sería Euskadi, que aposto por unas políticas autonómicas de defensa de la industria. (1)

La dificultad de una organización obrera fuerte en una economía terciarizada

Los objetivos marcados cuarenta años atrás de convertir a España en el área recreativa de Europa hoy se ven materializados, ocupando el segundo puesto a nivel mundial en cuanto a turistas internacionales recibidos al año, 71,6 millones en 2.022 según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. El éxito del proceso de terciarización de la economía en España es algo incuestionable, ocupando dicho sector el 76,9% de las trabajadoras (INE, 2023). 

Si bien, el crecimiento del sector industrial en la segunda mitad del s. XX. favoreció la organización obrera, concentrando a un gran número de trabajadoras en un mismo centro de trabajo, la terciarización ha tenido el efecto contrario. Por una parte, nos encontramos con centros de trabajo dispersos y con un número de trabajadoras menor en cada uno de ellos. Véanse bares, restaurantes, hoteles, peluquerías, tiendas de todo tipo, etc. Esto significa que va a ser mucho más complejo poner en contacto a trabajadoras, que aún siendo del mismo sector, están en diferentes lugares y bajo distintas empresas, siendo también sus situación aún que iguales en lo general, distintas en lo particular. 

Por otra parte, son trabajos, en principio de menor cualificación que los industriales (exceptuando puestos en cadena) que permiten una más fácil sustitución de una trabajadora por otra, lo que a su vez disminuye su capacidad de negociación. Teniendo además en cuenta el elevado desempleo.

Si a todo esto le sumas la temporalidad del sector, que provoca poca implicación en la defensa del puesto de trabajo, y la precariedad de los empleos de la mal llamada "economía colaborativa" tenemos el coctel perfecto para que un empeoramiento de las condiciones laborales y salariales no hayan repercutido de forma directa en una oposición frontal del movimiento obrero a las mismas, ya sea mediante la organización en torno a sindicatos o autónoma. 

 Un ejemplo de lucha en este contexto es el que se vivió por parte de las trabajadoras de Inditex a principios de 2023, que finalizo con el compromiso de la empresa de ofrecer un salario mínimo fijo para todas las dependientas. El gigante del textil, contaba a finales del año 2.022 con un total de 165.000 empleadas en España, por lo que no podemos hablar en este caso de una organización entre trabajadoras de pequeñas empresas de servicios, pero tampoco podemos negar el logro de conseguir organizarse en una empresa muy atomizada, con numerosos centros de trabajos en distintos emplazamientos y ciudades que dificulta enormemente esta tarea. 

Manifestación frente al Zara de plaza España (Madrid) Noviembre 2.022

Una piedra más en el camino

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como "Ley mordaza", si, la que el PSOE y Podemos no han tenido tiempo en una legislatura completa de derogar y así cumplir una de sus promesas electorales estrellas, no ha supuesto más que otra piedra en el camino en el ya debilitado movimiento obrero del estado español. Sólo en el año 2.022 se recogieron un total de 227.080 infracciones por diferentes aspectos de esta ley, según datos oficiales del Ministerio del Interior. 

Esta normativa permite sancionar por "faltar el respeto" o grabar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, permite el uso de pelotas de goma por los mismos o contempla las devoluciones en caliente de migrantes. 

Según recoge el diario Público, << ocho organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional y Greenpeace, exigieron en junio, antes de las elecciones, la reforma de la ley mordaza siguiendo las recomendaciones de la Comisaría de Derechos Humanos del Consejo de Europa. En su comunicado afirman que al menos diez organizaciones han sido multadas por reclamar pacíficamente sus derechos o de terceros, y además, 250.000 personas, muchas de ellas activistas y periodistas, han sido multadas por ejercer su derecho a la protesta o tratar de documentar la actuación policial" >> (2)

Frente a este panorama cabe preguntarnos ¿y ahora qué?

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(1) https://www.elsaltodiario.com/industria/cuando-espana-dejo-de-ser-pais-industrial  

(2) https://www.publico.es/politica/multas-ley-mordaza-suman-1114-millones-euros-medio-fracaso-reforma.html