| CEGA | AGRICULTURA DE REGADÍO INTENSIVA EN TIERRA DE PINARES ¿UN OASIS EN MEDIO DEL DESIERTO?

 Recuperamos un texto publicado el 14 de noviembre de 2.020 en el blog de la plataforma "Cega, el río que nos une", en el que se explica de forma muy detallada todas las fases que ha tenido el proyecto de recarga hídrica de la comarca del Carracillo haciendo hincapié en la situación que vive la comarca Tierra de Pinares en la dicotomía desarrollo económico y respeto del medio ambiente. 

-- EL PROYECTO DE RECARGA DEL CARRACILLO--

La actividad agraria

En las últimas décadas se está produciendo una intensificación de la actividad agraria. Por una parte están aumentado las cabezas de porcino, pero la mayor transformación del medio ha venido de la mano de la irrupción de nuevos cultivos agroquímicos como la planta de fresa madre y el cultivo en invernadero. Esta intensificación  ha disparado el consumo y la contaminación del agua, provocando una bajada de cientos de metros en el nivel freático del acuífero de los Arenales, subterráneo al Carracillo, y su contaminación por altos niveles de nitratos, nitritos, arsénico, etc. Esta circunstancia es reconocida por la propia Confederación Hidrográfica del Duero (en adelante, CHD) al cuantificar y cualificar el estado del acuífero, uno de los peores de toda la cuenca hidrográfica. También la Junta de Castilla y León en su declaración de zonas vulnerables por contaminación agropecuaria confirma esta grave situación. En la misma dirección, estudios de la Universidad de Valladolid realizados en 2009 y 2015 confirman la mala situación del acuífero por causas agrarias, advirtiendo que de continuar con esta tendencia la contaminación terminará por afectar a los suelos y los cultivos.

El modelo intensivo agrario lleva aparejada una enorme pérdida de biodiversidad con la roturación de cientos de hectáreas de pinar, la disminución de especies de flora y fauna ligadas a los cultivos y una degradación general del medio natural, repleto de residuos plásticos, así como la ocupación de caminos y vías pecuarias. Otra consecuencia de este modelo es la disminución del número de agricultores, que no pueden competir con las grandes agroindustrias. Éstas acaparan terrenos y agua, en detrimento de los pequeños y medianos campesinos. En este sentido es importante la connivencia de la Junta de Castilla y León, que utiliza el Carracillo como ejemplo de progreso en el medio rural: el crecimiento económico, los puestos de trabajo y una supuesta fijación de la población rural son utilizados como una suerte de chantaje ante una sociedad que, en muchos casos, ignora los costes sociales y ambientales del modelo.

La aplicación sistemática de agrotóxicos por parte de las agroindustrias supone un riesgo directo para los trabajadores, pero también afecta a todos los habitantes del medio rural. Algunos de estos productos, sustitutivos del bromuro de metilo (metam-sodio, dicloropropeno, etc.), están prohibidos con carácter general, pero se autorizan con moratorias injustificadas sin existir un control sobre su posterior aplicación en campo. La ingente aportación de purines, abonos y fitosanitarios produce lixiviados que han contaminado las aguas de abastecimiento poblacional, haciéndolas no aptas para el consumo humano. Los problemas de abastecimiento de los pueblos se han solventado con dos ETAP, una en el río Cega y otra en el Eresma. Estas ETAP han supuesto un importante gasto económico motivado por la intensificación agraria, y que se ha sufragado con dinero público. El modelo intensivo agrario está produciendo una privatización encubierta del agua, puesto que consume el 85% de este recurso, siendo unas pocas empresas las que acaparan un alto porcentaje. También supone una inversión en las prioridades del agua; el agua subterráneo de mejor calidad (hasta su contaminación) se explota en la agricultura intensiva, mientras que los pueblos deben abastecerse de agua de los ríos, que muestra peor calidad debido a la concentración de contaminantes. 

  El proyecto de recarga como solución al problema

Ante esta grave situación de sobreexplotación y contaminación del agua, las administraciones optaron como solución por la recarga del acuífero del Carracillo, mediante las "aguas sobrantes invernales del río Cega". La técnica de recarga de acuíferos consiste en la introducción artificial de agua que previamente se ha sustraído de un donante, en este caso del río Cega. Hablar de aguas sobrantes invernales de un río es desconocer y obviar las necesidades y funciones naturales de este ecosistema acuático, donde las avenidas son parte esencial de su dinámica fluvial. 

El proyecto de recarga del Carracillo es una estrategia de oferta de agua que no afronta las causas del problema, porque no adopta medidas de ahorro de agua ni tampoco elimina la contaminación. Por el contrario fomenta las actividades causantes del problema, elude las responsabilidades del modelo intensivo y se ve premiado en sus demandas de agua. Con esta estrategia se incumple la Directiva Marco del Agua que exige la gestión de las demandas, así como una gestión ecosistémica del agua, donde se conserven y protejan acuíferos, ríos y demás sistemas hídricos.

Ante la imposibilidad de aprobar el Plan Hidrológico Nacional, el gobierno nacional, mediante Real Decreto Ley 9 de 28 de Agosto de 1998 declara de interés general determinadas obras hidráulicas. Entre ellas (en su Artículo 2) la recarga del Carracillo, contemplado obras de toma, conducción principal, infiltración y adecuación de las zonas regables. Las obras consisten en reparar un viejo azud (el llamado Salto de Abajo) entre Lastras y Aguilafuente, y con una tubería de 20 kilómetros de longitud llevar el agua por gravedad hasta Gomezserracín. Allí, por medio de caceras y balsas de infiltración, el agua recorre la comarca con el objetivo de recargar el acuífero.

Se constituye la Comunidad de regantes del Carracillo, a la que se autoriza una concesión de aguas (con referencia C-21.844-SG) para derivar agua en los meses de Enero a Abril, a razón de 1370 litros por segundo, respetando el caudal mínimo de 6898 litros por segundo que garantice el caudal ecológico y las autorizaciones previamente autorizadas aguas abajo. La premisa de toda recarga es garantizar la funcionalidad del río como donante, y por ello el espíritu y fundamento del proyecto habla de coger los "excedentes invernales". Con estas características, se podría derivar un volumen máximo anual de 14,2 hectómetros cúbicos; pero se inscribieron 22,4 hectómetros cúbicos en el registro de la CHD. Esta concesión en su planteamiento permite la derivación del 16,5% del caudal circulante por el río, algo que pudiera considerarse sostenible y está dentro de los límites fijados por la Agencia Europea de Medio Ambiente.(cuenta del volumen máximo que podrían derivar)

Comienzan las derivaciones y enseguida se comprueba que la realidad hídrica del río Cega no cumple con los caudales que demanda el proyecto, porque de los 14,2 hectómetros cúbicos que como máximo se podrían derivar, apenas se derivan de media 2 hectómetros cúbicos por año. Además, hubo incluso años sin recarga. Los años que el Cega admite recarga son aquellos de inviernos y primaveras lluviosas, cuando el campo se encuentra saturado. Por el contrario, en los años secos en que el terreno admitiría recarga, el río circula con caudal escaso y no admite sustracción.

La ineficacia de la recarga y las exiguas derivaciones crearon insatisfacción entre los regantes, que confiaban en que el proyecto solucionaría el problema del agua. Se llegaron a cometer incluso numerosas irregularidades en la toma, como demuestran las quejas y denuncias interpuestas por las minicentrales situadas aguas abajo. Por ello la comunidad de regantes, olvidando la filosofía original del proyecto (esto es, tomar las "aguas sobrantes invernales" y preservar los valores del ecosistema),  comienza a lanzar peticiones para ampliar la concesión de agua. A pesar de la oposición de la Consejería de Medio Ambiente, en el año 2009 el Ministerio autoriza una modificación de la concesión que aumenta el período de derivación a 5 meses (añadiendo Diciembre) y rebaja el caudal mínimo a respetar hasta los 1960 litros por segundo. Esta concesión está en vigor hasta Marzo de 2013, cuando el recurso de la minicentral eléctrica Cega Energías se resuelve en la Audiencia Nacional, devolviendo la concesión de los regantes a las condiciones originales.

Desde entonces, la comunidad de regantes insiste en la modificación de la concesión apoyándose en el nuevo Plan hidrológico del Duero, que rebaja el caudal ecológico del Cega en el punto de toma. También aluden al volumen anual máximo de la concesión (14,2 hectómetros cúbicos) como un derecho absoluto que hubiese que conceder, argumentando además que dicho volumen máximo se rebaja de 22,4 hectómetros cúbicos a los pretendidos 14,2 hectómetros cúbicos (lo cual no es correcto, pues recordemos que aquel se trataba de un error de inscripción). En estas nuevas peticiones de ampliación obvian las concesiones previamente autorizadas aguas abajo de la toma, condicionante que figura en los requisitos de su concesión.

Tragsa, la empresa ejecutora

Todos los estudios y trabajos previos del proyecto de recarga, así como las obras, han sido realizados por parte de la empresa Tragsa, cuyos técnicos justifican la viabilidad del proyecto e impulsan nuevas obras sobre él. El proyecto original finaliza en el año 2004, aunque con anterioridad los técnicos de Tragsa ya comienzan a plantear una segunda fase, que ha consistido en la prolongación de la tubería otros 14 kilómetros por la zona sur.  Esta zona, que comprende los pueblos de Gomezserracín, Chatún, Campo de Cuéllar, Narros de Cuéllar y Fresneda de Cuéllar, presenta lo que los estudios geológicos denominan paleoforma o paleocauce. Es decir, una especie de lengua de arena situada en el subsuelo y de mayor grosor que el habitual, por lo que se dispondría de una mayor capacidad de recarga.

Tanto el proyecto original como la segunda fase se han ejecutado sin someterse a Evaluación de Impacto Ambiental y han sido financiados íntegramente con dinero público, siendo inexistente la recuperación de costes que contempla la DMA. El coste exacto de estas dos fases tampoco está claro: las distintas cifras que se publican no coinciden, existiendo una ambigüedad entre 13 y 17 millones de euros.

Una vez más, la empresa Tragsa expresa la necesidad de una tercera fase como la definitiva para conseguir los objetivos de recarga del acuífero. En esta ocasión se argumenta aludiendo a la poca o nula capacidad de retención de la zona norte donde, según los estudios, no existe acuífero superior o del cuaternario. Se trata el caso como un infortunio a evitar, exponiendo que los pueblos de la zona norte carecen de acuífero superior y deben regar de infraestructuras deficitarias extrayendo el agua desde sondeos profundos del acuífero terciario. En décadas pasadas, el regadío de la zona norte se servía de pozos de 4, 6 u 8 metros de profundidad y taladros de 10,12 o 14 metros de profundidad. Esto lleva a pensar que sí existía acuífero superficial, pero la sobreexplotación de las últimas décadas lo ha agotado. Con una bajada de centenares de metros en el nivel freático, las extracciones se han visto obligadas a alcanzar cotas de mucha mayor profundidad.

Esta tercera fase del proyecto de recarga, que ha crecido en ambición a través de varias modificaciones, pretende llevar el agua presurizada a la zona norte del Carracillo (Sanchonuño, Arroyo de Cuéllar, Chañe, Remondo y parte de Fresneda de Cuéllar). Este agua sería extraída de la denominada zona almacén, que los técnicos de Tragsa sitúan al este de la Autovía A-601 en el pinar de los vecinos de Gomezserracín. En ese mismo punto, se infiltraría el agua derivada del río Cega mediante caceras y dos balsas de infiltración.

Examinado los estudios y trabajos de la empresa Tragsa, resulta llamativo que los argumentos para justificar la segunda y tercera fase de recarga sean que se necesitan zonas en la comarca que admitan almacenar agua. Es decir, a pesar de sus suelos arenosos, la comarca no admite recargar el volumen máximo de la concesión (14,2 hectómetros cúbicos). Por ello, primero se utiliza la paleoforma de la zona sur para la segunda fase, y ahora en esta tercera fase se pretende utilizar la zona almacén del pinar de Gomezserracín. Todo ello sin tener en cuenta lo más importante, y es que hasta la fecha ese volumen máximo de 14,2 hectómetros cúbicos no se ha podido derivar.   

  Análisis y eficacia de la recarga. Tercera fase del proyecto

Trascurridos casi veinte años de vigencia del proyecto, el objetivo de solucionar la sobreexplotación y contaminación del acuífero no sólo no se ha corregido, sino que ha empeorado. La escasa cuantía de la recarga, que se produce en los años en que es menos necesaria y la falta de medidas específicas de ahorro y no contaminación han conducido al deterioro de la situación.

Lejos de reconocer la realidad hídrica del Cega, que como donante no trae caudales para satisfacer las demandas del proyecto, el gobierno autonómico insiste en satisfacer las demandas de los regantes. Como primera beneficiaria del proyecto aparece la empresa Tragsa, que insiste en culminar la recarga con la tercera fase sin realizar un análisis objetivo donde se responsabilice de los errores de cálculo en los caudales del río y de la falta de recarga en la zona norte. Encontrándonos ante un caso de obra pública de nula o escasa efectividad, para esta tercera fase se apoyan en la declaración de interés general del proyecto original (para entonces fuera de lugar), en el volumen máximo contemplado en la concesión y en el respeto al caudal ecológico fijado en el Plan de Cuenca (cuya redacción permite la ampliación de la concesión).

En Marzo del año 2012 se presenta un primer documento ambiental del proyecto de gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y obras de mejora del regadío de la zona norte del Carracillo, donde se reconocen efectos e impactos impredecibles. En este documento se puede leer: 

"En cualquier caso, es necesario mencionar que esta valoración de impactos durante las obras no tiene en cuenta el manejo y regulación del conjunto sistema acuífero - red de riego, ya que el comportamiento del acuífero se ha modelizado en base a los trabajos de caracterización del mismo, y hasta que la propia obra no se efectúe y entre en funcionamiento varias campañas, es difícil predecir a priori cómo va a responder el acuífero ante las extracciones y la recarga".

Termina concluyendo que no es necesario el sometimiento a Evaluación de Impacto.

La Comunidad de regantes pide entonces una nueva ampliación de la concesión con las siguientes condiciones: derivar durante 6 meses (del 1 de Diciembre al 31 de Mayo) y reducir del caudal ecológico a tan sólo 610 litros por segundo. Con estas nuevas condiciones se puede derivar casi el 70% del caudal del río y hacerlo durante 6 meses hasta en las peores condiciones hídricas, algo insostenible para el Cega.

Esta nueva pretensión de ampliación cuenta con un importante rechazo social en forma de alegaciones. Tras llegar a la Comisión Territorial de Medio Ambiente de Segovia se desestima por entender que forma parte de un todo con efectos negativos para el medio ambiente y se exige una Evaluación de Impacto Ordinaria.

Después de algunas tentativas de redacción del proyecto para esta tercera fase, éste acaba en el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (en adelante, ITACYL). Este órgano promueve el proyecto y a la vez redacta el Estudio de Impacto Ambiental, convirtiéndose de esta manera en juez y parte del mismo. El estudio, en lugar de ser un filtro que analice y estudie las consecuencias medioambientales del proyecto, pondera todos los supuestos beneficios económicos del mismo. 

Esta tercera fase contempla tres actuaciones que por sí solas tienen efectos ambientales importantes y complejos. Una primera es la ampliación de la concesión de aguas, que pretende derivar 7 meses en lugar de 4 (aumentando un mes más la petición de los propios regantes) y reducir el caudal ecológico de 6898 litros por segundo actuales a 610 litros por segundo. Este agua se pretende infiltrar después en el pinar de Gomezserracín mediante balsas de infiltración y caceras, sometiendo este pinar a un proceso que amenaza con el ahogamiento de los pinos por falta de aireación en su sistema radicular. Posteriormente, durante la campaña de riego se sustraerá el agua del subsuelo del pinar mediante 82 sondeos. Con independencia del volumen infiltrado, este volumen extraído alcanzará los 7,58 hectómetros cúbicos. Además, encierra un cálculo dudoso: se obtiene del volumen asignado a la superficie de la zona norte, 6,32 hectómetros cúbicos, más la llamada tasa de reposición del pinar, que se ha calculado como 1,26 hectómetros cúbicos.

 Entonces esta extracción anual de 7,58 hectómetros cúbicos explotaría las reservas de la zona almacén. En el mejor de los casos, se extraerían a mayores 1,26 hectómetros cúbicos del subsuelo del pinar; pero es de esperar que esta cantidad sea mayor, puesto que rara vez se derivan del Cega los 6,32 hectómetros cúbicos restantes de acuerdo con los datos disponibles. Es más: se contempla incluso la extracción de 7,58 hectómetros cúbicos en dos años consecutivos sin existir recarga. Estos desajustes de los volúmenes que se pretenden extraer con respecto a los derivados suponen, efectivamente, la sobreexplotación del propio acuífero de los Arenales que en un principio se quería a recargar. Todo ello confluye con dos agravantes: de una parte, la introducción de agua de diferente naturaleza a la zona almacén, poniendo en peligro la única masa de agua sin contaminar de la comarca; por otra parte, se estarían explotando aguas subterráneas cuando la concesión de los regantes está destinada a aguas superficiales.

Utilizar el pinar como zona almacén es una experiencia de considerable incertidumbre, no sólo por las consecuencias para la masa forestal sino también debido al propio comportamiento del agua, desconociendo la dirección, el flujo y el ritmo del mismo. A día de hoy, el pinar de Gomezserracín acoge en su subsuelo la única masa de agua sin contaminar de la comarca al no recibir lixiviados agrarios, por lo que somerterla a este experimento supone un error histórico.

La concentración parcelaria del pinar de los vecinos de Gomezserracín, donde se encuentra la zona almacén, tiene como principal objeto la instalación de todas las infraestructuras hidráulicas del proyecto. En dicha masa forestal se instalarían las dos balsas de infiltración, la balsa de almacenamiento semanal, los 82 sondeos, la red de 46 kilómetros de caminos, zanjas y tuberías, arquetas, líneas eléctricas, etc. Toda una infraestructura de fontanería que modifica las características del pinar y resta una importante superficie a sus propietarios, quienes también ven limitados los usos por las servidumbres de acueducto y paso que conllevan las conducciones de agua y las líneas eléctricas, respectivamente.

Para finalizar el proyecto restaría la reconcentración de la zona norte del Carracillo, donde llegaría el agua presurizada a la demanda desde una balsa de almacenamiento semanal. Esta reconcentración, que tiene como objetivo la optimización de hidrantes y demás infraestructura de riego, lleva implícita una roturación de masa forestal de pinar, masa a la que llegan algunos de los hidrantes que contempla el proyecto. Esta pérdida de bosques llega en beneficio de la industria fresera, que necesita de terrenos vírgenes para implantar su modelo de producción. En las últimas décadas, el paisaje de campiña segoviana se ha visto modificado drásticamente con la destrucción de cientos de parcelas de pinar con destino a la agricultura intensiva. Así, la reconcentración se ve ligada a la actividad de estas industrias, que cuentan con la connivencia del gobierno autonómico.

Como ya se ha apuntado anteriormente, las obras ejecutadas hasta el momento se han abonado íntegramente con dinero público. En esta tercera fase se prevé que el importe sea abonado en un 71% por las administraciones públicas y el 29% restante por parte de los regantes, conforme al acuerdo firmado el 31 de Marzo de 2015 en el Ayuntamiento de Chañe entre la comunidad de regantes y la Consejería de Agricultura.

Las obras, presupuestadas en unos 28 millones de euros, suponen una inversión importante por parte de los regantes (unos 8,2 millones), ocurriendo que la asignación para las 3000 hectáreas de la zona norte arroja un importe de 2735 euros por hectárea, aproximadamente. Esta cantidad puede echar hacia atrás a pequeños y medianos campesinos, por temor a no poder hacer frente a estos costes y perder sus tierras y su concesión de agua si las utilizan como aval.

Esta circunstancia puede ocasionar una bajada del número de hectáreas acogidas al proyecto, y por lo tanto aumentar el importe resultante por hectárea. El proceso de recuperación de costes para obras u proyectos hidráulicos que aquí se observa ha ocasionado el embargo de no pocos regantes; las grandes empresas encuentran una posición ventajosa para acceder a los beneficios.